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Konecta echa el cierre definitivo en El Puerto de Santa María y deja a 200 familias en la calle

Tras dos meses de negociaciones, la empresa de telemarketing Konecta cierra oficialmente su sede en El Puerto de Santa María y sólo seis trabajadores aceptan su propuesta de traslado

«En estos momentos cualquier empresa tras la reforma laboral puede plantear con los traslados despidos low cost o despidos encubiertos», denuncia Toñi Ortiz, presidenta del comité de empresa

En la vista celebrada en el juzgado de lo Social número 1 de Jerez, el juez dictamina una indemnización de 25 días por año trabajado, cinco más de lo que ofrecía la empresa

Desde mediados de enero sus trabajadores han estado intentando frenar la medida adoptada por la empresa, que a través de un email informó a la plantilla de su decisión decisión de cerrar en la localidad portuense en base al Art. 40 del Estatuto de los Trabajadores, donde se contempla una movilidad geográfica colectiva. El ofrecimiento fue trasladarse a Bollulos de la Mitación (Sevilla) y el resto a Valladolid, pero sólo seis trabajadores han aceptado la propuesta.

«Despidos low cost»

El resto se queda sin empleo porque sus salarios no les permitían asumir el gasto de irse a otra provincia. Y lo peor de todo es que el comité de empresa ha llegado a la conclusión de que Konecta ha encontrado muchas facilidades en el sistema para llevar a cabo su plan: «En estos momentos cualquier empresa tras la reforma laboral puede plantear, con los traslados, despidos low cost o despidos encubiertos. 200 familias que se van a la calle en la provincia de Cádiz», afirma Toñi Ortiz, presidenta del comité de empresa.

A finales de enero comenzaron las negociaciones con la empresa, que según el comité en ningún momento valoró la petición de los trabajadores de reconsiderar su decisión. Varias semanas de desencuentros desembocaron en un juicio y en la vista celebrada en el juzgado de lo Social número 1 de Jerez, el juez ha dictaminado una indemnización de 25 días por año trabajado, cinco más de lo que ofrecía Konecta en un primer momento.

«No ha habido predisposición para negociar y la empresa se ha salido con la suya. Ya sólo estamos esperando que nos hagan el ingreso de los finiquitos. El juez, en lugar de tomar medidas cautelares, decidió resolver. Ya judicialmente no podemos reclamar nada más porque a la empresa la ampara la ley», lamenta Cecilia Medialdea, trabajadora de la empresa.

De nada sirvió que diferentes alcaldes de la provincia ofrecieran terrenos para una nueva ubicación de la sede para así abaratar los costes. Empieza ahora la nueva vida para 200 familias que creían haber encontrado en Konecta un medio de vida.

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